Tres relatores de derechos humanos advierten que las restricciones agudizadas con la redesignación del país en esa categoría le impiden su capacidad de satisfacer las necesidades de la población. Esa designación unilateral contraviene los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el referente a la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y la solución pacífica de las disputas, sostienen.

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