La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas subraya las graves violaciones de derechos humanos inherentes a la prostitución, como la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Aboga por un marco jurídico abolicionista, en el que los Estados tienen la responsabilidad de proteger y asistir a las víctimas y de aplicar medidas estrictas contra el proxenetismo.
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